Por Juan Carlos Vega, Seremi de Educación Región de Antofagasta.
Al terminar septiembre, mes de las significativas celebraciones patrias, nuestra Presidenta Michelle Bachelet se dirigió a todos los chilenos para entregar el presupuesto 2016. El énfasis financiero, claramente, estuvo en los anuncios en nuestra Educación: uno de cada cuatro pesos del aumento presupuestario lo destinaremos a mejorar la calidad de la educación y las condiciones para que nuestros estudiantes accedan y permanezcan en el sistema.
Mientras el presupuesto general de la nación crecerá en un 4,4%, el de educación lo hace en un 7,5%, demostrando el eficiente accionar del Gobierno y la Presidenta por mejorar nuestro sistema educacional, destinando este aumento histórico de recursos para esta repartición. Con estas buenas noticias, se demuestra el cumplimiento de nuestros compromisos, con resultados concretos que avalan los logros de la reforma educacional, transformándose en uno, o quizás en el más importante, eje del programa de esta Administración y los esfuerzos que como conglomerado impulsamos para mejorar la calidad de vida de chilenas y chilenos.
En esta misma línea de anuncios la Presidenta Bachelet enfatizó los importantes cambios en la educación superior: en marzo del 2016 se darán los primeros pasos para alcanzar la gratuidad en el sistema, principalmente en instituciones que no tengan fines de lucro, que cumplan los criterios del sistema de acreditación y aseguren espacios u órganos de participación de las comunidades universitarias, de los institutos profesionales y centros de formación técnica.
Dinámicos han resultado estos meses en la educación y la materialización de leyes aprobadas y avances en otras, que pretendemos destrabar a la brevedad, y dan prueba que la mencionada Reforma en la Educación es concreta y verdadera para beneficiar a las alumnos y sus familias. Una de las iniciativas ícono en este proceso es “La ley de inclusión” que entrará en vigencia en marzo del próximo año, aumentando significativamente los recursos con que contarán los establecimientos públicos y subvencionados, que serán utilizados íntegramente en el proyecto educativo.
¿Por qué? Porque concebimos la educación como un derecho social, no como un bien de consumo o un privilegio de pocos, por lo que cada estudiante debe tener la misma oportunidad que el otro de tener acceso y recibir una educación de calidad, más allá de las diferencias socioeconómicas, religiosas, culturales, entre otras, porque la educación es un bien público y baluarte del desarrollo del país.
Avanzamos fielmente a lo establecido en el programa de gobierno y las concepciones de nuestra política pública en educación: a pesar de situaciones emergentes que, siempre, ocurren, nuestro cronograma de la reforma educacional ha sido llevado adelante tanto en educación parvularia, escolar y superior, avanzando en las metas presidenciales y en proyectos emblemáticos como la “Nueva institucionalidad parvularia”; el de “Carrera Docente” y próximamente la “Nueva Educación Pública”.
En definitiva, estamos materializando muchos de los anhelos de la ciudadanía, que por muchos años quedaron desplazados y que hoy por hoy se están concretando en esta administración de Gobierno. Sería poco juicioso no reconocer los profundos cambios que se están implementando y poco a poco los diversos sectores han ido comprendiendo la necesidad de esta reforma y que en vez de ser algo que los afecte, por el contrario, va en beneficio de todas y todos los chilenos. La educación es un derecho social y seguiremos trabajando para su respeto y aseguramiento por parte del Estado.
