El año 2016 es un período de consolidación de la reforma educacional, donde varias iniciativas ya son leyes, y se está preparando el camino para los cambios venideros, los cuáles buscan alcanzar condiciones óptimas para la calidad de la educación, la mejora continua de los aprendizajes y la igualdad de oportunidades de todos y todas.

En aquel escenario, la ley de inclusión que comenzó a operar desde el 1º de marzo, beneficiará a todos los establecimientos que reciban aporte estatal, tanto a municipales como particulares, porque aumenta la cantidad de recursos públicos destinados a los colegios, los cuales deben invertirse íntegramente en el proyecto educativo, no pudiendo desviarse a otros ítems ni retirarse como utilidades de personas o grupos. En definitiva, cada peso destinada a educación será usado en educación, en beneficio de todas y todos los estudiantes de la educación que recibe fondos públicos.

Como aumenta el aporte del Estado, disminuirá progresivamente lo que cancelen las familias por la educación de sus hijos, ya que la educación dejará de ser un bien de consumo y pasará a ser un derecho social garantizado, por lo tanto en algunos años todos los colegios que reciban fondos públicos serán gratuitos, como ya sucede en el caso de la educación municipal. En este nuevo, seguirá siendo facultad de los sostenedores de colegios si se adaptan a este nuevo sistema o si transforman sus establecimientos en particulares pagados, considerando que su decisión debe ser tomando en cuenta a sus comunidades educativas, y que el Ministerio de Educación no promueve el cierre de ningún colegio, y que seguiremos velando por cautelar el derecho a la educación de cada uno de los estudiantes de este país.

En resumen, la reforma educacional se preocupa de convertir a la educación en un real derecho humano y social, resguardando la calidad, los procesos de aprendizaje y la cobertura desde la cuna hasta la educación superior. Todos estos cambios son graduales, algunos ya se están implementando y otros se visualizarán más tarde, porque construimos una política pública responsable y de largo plazo, para levantar un futuro sustentable en el tiempo y que asegure que Chile sea un país que asegure el bienestar de toda su población, en donde la educación juega un papel crucial e irremplazable.

La Reforma Educacional impulsa el Derecho Universal de Aprendizaje, el cual apunta a garantizar la igualdad de oportunidades desde la cuna. Es un proceso paulatino, pero que finalmente se enfoca en recuperar la educación pública como un derecho de cada niño, niña y estudiante.

Por lo tanto, no hay ninguna razón para que un establecimiento cierre por causa de la Ley de Inclusión. Si el establecimiento decide pasar a ser una corporación educacional sin fines de lucro recibirá más recursos, que podrán ser invertidos en la calidad de la educación que reciben los alumnos y alumnas, es decir, nos interesa garantizar la continuidad de estudios de todos los niños, niñas y jóvenes del sistema escolar, y prestaremos a las familias el apoyo que sea necesario para que los alumnos puedan seguir estudiando

Es  importante que los apoderados sepan que nuestras puertas están abiertas para el diálogo y que tanto a ellos como a nosotros, nos interesa la educación de nuestros alumnos y alumnas.

Jacqueline Barraza Venegas

Secretaria Regional Ministerial de Educación

Región de Antofagasta