“Creo que reaccionamos tardíamente”. Con estas palabras la seremi de Educación, Jacqueline Barraza, el pasado 5 de mayo dio el vamos a la campaña informativa sobre la Ley de Inclusión, que busca entregar información certera a los apoderados de establecimientos particulares subvencionados sobre la nueva normativa, que empieza a regir desde enero del 2018.

La primera medida fue entregar más de 11 mil cartas abiertas a las comunidades escolares de los colegios subvencionados, donde se explica detalladamente los alcances de la nueva ley, que busca terminar con el lucro, el copago y la selección.

Sin embargo, esta entrega no estuvo exenta de polémicas. Barraza contó que en el colegio Baptist College no permitieron que esta carta fuera entregada a los apoderados.

“Los funcionarios del Mineduc fueron sacados del establecimiento. Esto es una expresión concreta de que no existe voluntad de algunos sostenedores de entregar información objetiva a los apoderados. Nosotros hemos sido muy respetuosos con ellos, porque creímos que estaban entregando información verdadera”, agregó la seremi.

Barraza manifestó que esta entrega de información surge de la necesidad planteada por los propios apoderados quienes constantemente acuden a la seremi.

“Esto nos permite constatar que se ha desplegado una verdadera campaña destinada a confundir y sembrar incertidumbre respecto del futuro educacional de aquellos estudiantes que asisten a esos planteles”, manifestó.

Gestiones

En una reunión con la prensa, la autoridad educacional dio a conocer las distintas alternativas que están preparando para los padres que queden sin matrícula en los colegios particulares subvencionados que anunciaron su paso al sistema particular pagado.

La seremi indicó que la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Cmds) tiene 5 mil cupos disponibles.

Además están gestionando el arriendo de al menos un inmueble para habilitarlo en condiciones óptimas como colegio. A ello se suma la ampliación de matrícula de algunos colegios particulares subvencionados que están constituidos como sociedad sin fines de lucro.

Plazos

“Este Gobierno garantizará que cada uno de sus hijos o hijas tenga un establecimiento donde seguir sus estudios. Contamos con varias alternativas que se darán a conocer en profundidad el próximo 1 de agosto de este año”, dijo.

Respecto a las dudas de los apoderados en torno al dilema que enfrentan los sostenedores en relación a sus inmuebles, Jacqueline Barraza argumentó que en la mayoría de los casos las operaciones se realizarán recién el 2023 o 2027. Por lo tanto, es “inoficioso” plantear una discusión sobre una realidad inmobiliaria que puede cambiar durante los próximos años.

“Les hemos solicitado que realicen las gestiones ante las entidades bancarias para efectos de las tasaciones comerciales. Sin embargo, la gran mayoría no lo ha hecho. Eso no permite avanzar en la solución que ellos mismos solicitaron”, agregó.